A solo dos meses de que termine 2026, California ya está preparando a sus residentes para una nueva oleada de normativas estatales, ya que acaban de firmarse una serie de medidas diseñadas para proteger a los consumidores de los costes ocultos, las disputas con las aseguradoras y las prácticas comerciales engañosas; algunos cambios ya están en vigor y otros se irán implantando hasta 2028.
Nuevas protecciones a la hora de comprar un coche
La Ley CARS de California (SB 766) entró en vigor el 1 de octubre. Los concesionarios deben revelar el precio total del vehículo desde el principio, aclarar los costes de financiación y dejar de hacer que los extras opcionales sean una condición para la compra. A los compradores de coches de segunda mano que cumplan los requisitos y cuenten con un precio de 50 000 dólares o menos también se les debe ofrecer la opción de cancelar la compra en un plazo de tres días.
Se prohíben las tasas por trámites médicos
Según la ley AB 2292, los proveedores de asistencia sanitaria ya no pueden cobrar tasas administrativas por rellenar los formularios de certificación médica necesarios para el seguro de discapacidad de California o las prestaciones por permiso familiar remunerado. Los reconocimientos médicos y los copagos o franquicias aplicables sí que pueden seguir costando dinero.
La instalación de una bomba de calor podría salirte más barata
La Ley de Acceso a las Bombas de Calor de California tiene como objetivo reducir los trámites burocráticos de instalación. Las tasas de los permisos tienen un límite máximo de 150 dólares para los calentadores de agua con bomba de calor y de 200 dólares para los sistemas de calefacción y refrigeración, con algunas excepciones. La tramitación de permisos en línea y las inspecciones simplificadas se irán implantando por fases hasta 2028.
Se endurecen las normas sobre la reventa de entradas para conciertos
La ley AB 1349 se centra en la reventa especulativa de entradas, las páginas web de reventa engañosas y los bots que se saltan las colas online o los límites de compra. Los compradores pueden recuperar el doble del precio contratado de las entradas si una plataforma no las entrega según lo acordado, además de los gastos elegibles y las costas judiciales.
Las compañías de seguros se enfrentan a sanciones más severas
La Ley de Reforma de la Recuperación ante Desastres (SB 876) refuerza las protecciones para los supervivientes de desastres. A partir de 2028, ciertas infracciones en las reclamaciones de seguros durante emergencias declaradas conllevarán sanciones duplicadas. La ley también amplía las opciones de cobertura de los gastos de reconstrucción y de alojamiento temporal para los propietarios que cumplan los requisitos.
Los centros de datos deben pagar su parte
Según la SB 886, las autoridades reguladoras de California deben establecer tarifas eléctricas y normas de conexión para los grandes centros de datos de aquí a 2028. El objetivo es que estas instalaciones cubran su parte de los costes de la infraestructura de la red eléctrica en lugar de repercutirlos a otros clientes.
Los grandes consumidores de energía pagan más
La AB 2383 complementa a la SB 886 al exigir a las empresas de servicios públicos y otros proveedores de electricidad que adopten tarifas específicas para los centros de datos. Estas normas abordan el coste de generar y suministrar electricidad, incluyendo pagos por adelantado y tasas diseñadas para proteger a los clientes si los proyectos no salen según lo previsto.
Se revisan las tarifas eléctricas
En lugar de establecer directamente nuevas tarifas, el SB 1168 ordena a la Comisión de Servicios Públicos de California que examine cómo la tarificación de la electricidad puede tener en cuenta la demanda energética de los centros de datos y los costes de infraestructura, prestando especial atención a limitar el impacto en los clientes residenciales y de bajos ingresos.
Las víctimas de estafas con criptomonedas tienen una nueva vía para obtener una indemnización
A partir del 1 de enero de 2027, la SB 1208 establece un proceso legal para incautar criptomonedas que cumplan los requisitos y estén vinculadas a actividades delictivas, y distribuir los activos recuperados entre las víctimas de fraude, incluso cuando no sea posible obtener una condena penal.
